No obstante el rol decisivo que desempeñan las instituciones privadas, el Estado no debería desentenderse de su función de protector de la seguridad y el bienestar colectivo, y debería apoyar toda acción destinada a promover de manera socialmente equitativa los beneficios que reportan estas acciones de carácter preventivo. En los países más desarrollados, el Estado y los organismos no gubernamentales articulan sus acciones para progresar en la seguridad en el tránsito.